La Defensoría del Pueblo constata deficiencias en atención de salud y hacinamiento en cárceles del país

La Defensoría del Pueblo encontró deficiencias y limitaciones en la atención médica en los centros penitenciarios del país, confirmó los datos de hacinamiento y verificó la falta de personal policial, factores indirectos para que ocurran fallecimientos en estos centros de custodia estatal.

“Hemos encontrado que de los 10 centros penitenciarios que hemos visitado en esta jornada, sólo en dos hay personal médico y en ninguno existen ambulancias, en uno hemos hallado medicamentos vencidos. En estas condiciones, estamos poniendo en situación de vulnerabilidad a las personas privadas de libertad”, indicó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, en puertas del penal de San Pedro de La Paz, donde personalmente hizo un verificativo.

En esta jornada, la Defensoría del Pueblo llevó adelante una verificación en 10 centros penitenciarios del país con la finalidad de obtener información para analizar las razones por las cuales se han estado produciendo muertes, tanto naturales como violentas.

 “Hemos ratificado la persistencia del hacinamiento. En Bolivia, existen más de 25.000 personas que viven en 47 centros penitenciarios, cuando éstas  tienen una capacidad de albergar a 14.000 personas, por lo que el hacinamiento supera el 100%. Aunque, se registra una mejoría debido que hasta marzo de 2022 se tenía un hacinamiento de 165%”, detalló la autoridad defensorial.

Indicó que la institución defensorial ha desplazado a su personal en los nueve departamentos del país para verificar: las condiciones de los ambientes, realizar entrevistas al personal médico, a los jefes de seguridad y personas privadas de libertad.

“En los centros penitenciarios hay poco personal policial, pues se tiene un poco más de 1.500 policías para una población de 25.000 personas privadas de libertad. Aunque hay que aclarar que estos uniformados trabajan por turnos, es decir que no todos están haciendo vigilancia al mismo tiempo”, precisó Callisaya.

El Defensor del Pueblo anunció que en los próximos día se reunirá con Régimen Penitenciario para analizar las soluciones o salidas a los problemas que se han detectado en el verificativo de hoy.

Callisaya, detalló que en la gestión 2022 murieron 12 personas en las cárceles del país, de las cuales nueve fallecieron por causa natural, dos por suicidio y uno por homicidio. “Es decir, que la principal causa de muerte es la causa natural y por ello tenemos que analizar principalmente la efectividad de los servicios de salud”.

Señaló que se ha detectado que no se realiza una adecuada clasificación de los privados de libertad, de modo que personas altamente peligrosas están con personas que han cometido delitos menores por una primera vez.

Se ha identificado que las cárceles están llenas de detenidos preventivos, pues de cada 10 personas siete tienen esa condición, añadió.

Los centros penitenciarios donde se realizó esta inspección son: Palmasola varones (Santa Cruz), Morros Blancos (Tarija), Centro Penitenciario El Abra (Cochabamba), Centro Penitenciario La Merced (Oruro) y Centro Penitenciario Villa Busch (Cobija).

Además, el operativo alcanza al Centro Penitenciario de Mocoví (Trinidad), Centro Penitenciario de San Roque (Sucre), Centro Penitenciario de Cantumarca (Potosí), Centro de Rehabilitación Qalahuma (Viacha) y el Centro Penitenciario San Pedro (La Paz), hasta donde llegó el Defensor del Pueblo.