Justicia dispone valoración y traslado de niña embarazada

La justicia dispuso la valoración y el traslado de la niña  de 11 años que está encinta. La  Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz resolvió el 2 de noviembre conceder en parte la tutela solicitada por la Defensoría del Pueblo, dispuso la valoración integral mediante un comité de especialistas y el traslado de la niña  a un lugar donde no esté expuesta a influencias.

“La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz resuelve: único:  conceder en parte la tutela solicitada por la Defensoría del Pueblo”, indica la parte central de la Resolución 241/2021.

Instruye también organizar “un equipo médico del más alto nivel, compuesto por los profesionales especialistas más destacados en cada materia que deben ser escuchados; pueden ser ginecólogos, obstetras, psicólogos, pediatras, al tratarse de una menor para que se realice una valoración integral”  a la víctima.

La Defensoría del Pueblo interpuso un recurso judicial para resguardar los derechos de la niña. Denunció al responsable de la Niñez de Yapacaní; a la responsable de la Defensoría de la Niñez de Santa Cruz, Verónica Hurtado;  y al director del Hospital Percy Boland, Mario Herbas.

La resolución complementa que la Sala  “no puede pronunciarse respecto a que prosiga o no la interrupción legal del embarazo, ésa es una arbitrariedad, pero sí va a disponer que se genere el informe médico a partir de la conformación de la comisión”, indica el documento al cual accedió la agencia ANF.

A un centro médico

Para cumplir con esta previsión, se instruye “emitir un oficio en el día –martes 2 de noviembre- al ministro de Salud, Jeyson Auza, para que en colaboración de la Defensoría del Pueblo se identifique el lugar donde la menor debe estar a partir de este momento, en lo posible debe ser un centro médico por el temor fundado que tiene esta Sala Constitucional respecto a la situación de la menor”.

Ségún la resolución, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo deben garantizar que no exista “ningún tipo de influencia externa en la niña”.

La semana pasada, el hospital Boland de Santa Cruz, donde fue derivada la pequeña para una eventual interrupción legal del embarazo, dispuso el alta médica luego de un contacto de la niña y su familia con la Arquidiócesis de Santa Cruz, que ofreció acogida a cambio de suspender el procedimiento.

Informes cada cinco días

El artículo cuarto de la resolución judicial  pide emitir  informes cada cinco días sobre el proceso. “Emítase Oficio al señor Fiscal General del Estado y al señor Fiscal del Distrito de Santa Cruz para que, como obligación a esta Sala Constitucional, emitan informes detallados cada día cinco días hábiles del avance del proceso de investigación ya abierto contra el agresor, de los que  resultaren cómplices, partícipes y en contra quienes deba iniciarse el proceso  identificados en esta audiencia, en razón a las inconductas normativas que se ha  podido advertir en el desarrollo”. El documento es firmado por el vocal departamental Israel Ramiro Campero Méndez..

Madre pidió medidas a CIDH

La madre de la niña  de 11 años, que quedó embarazada tras una violación, acudió el lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para pedir medidas cautelares, con el objetivo de evitar que se concrete la interrupción del embarazo, que según ella impulsa la Defensoría del Pueblo.

Hizo notar que la Defensoría “no representa ni en forma legal ni convencional”, a la niña que según su madre aceptó que nazca el bebé.

Resolución Sala Constitucional